Publicaciones de Los detalles del diablo

Nelson Mandela, en su autobiografía Long Walk to Freedom, refiere que es muy fácil juzgar las decisiones después de que se toman, porque en el momento que se realizan no se cuenta con toda la información ni se está en medio de la tormenta y el fuego cruzado. No estuve sentada en el Pleno de la Comisión Federal de Competencia para autorizar la adquisición de la controladora de Iusacell (GSF) por parte de Televisa, pero al analizar la resolución habrían contado con mi voto en contra de esa unión. Veamos algunas razones del porqué de mi voto en contra, en adición a las que expuse en mi colaboración pasada.
-Gestión "separada". ¿Por qué CFC aceptó las condiciones de Televisa y Grupo Azteca de que sólo los directivos "relevantes" cuyas decisiones trasciendan de forma "significativa" no sean empleados de GSF y subsidiarias? El abuso de conceptos indeterminados como "relevante" y "significativa" diluye la intención de CFC de mitigar riesgos de colusión. En la última revisión de la Federal Communications Commission sobre propiedad de medios, ésta reconoció la importancia de impedir la unión de las cuatro grandes firmas (ABC, CBS, Fox y NBC) por los riesgos a la competencia.

Si bien este matrimonio Televisa-Azteca es para un operador móvil, la concentración e integración vertical de estos consorcios sería envidiada por cualquiera de las cuatro grandes de EU. CFC debió exigir que la controladora de Iusacell y ésta empleen su propio equipo para que puedan tomar sus decisiones de manera verdaderamente independiente. CFC no está para que Televisa y Azteca se ahorren las nóminas, y menos cuando los riesgos inherentes a la operación autorizada son elevados.

-Administración "independiente". Los vicepresidentes de Televisa y Azteca y sus subordinados directos que gestionen directamente y lleven el curso ordinario de negocios de obras audiovisuales y de venta de publicidad, no podrán estar en el consejo de administración, ni en otro órgano de gobierno de GSF y subsidiarias. ¿Es suficiente el candado de vicepresidentes y subordinados directos? No. Estos consorcios, como cualquier consorcio similar en el resto del mundo, aprovechan las sinergias y conocimiento de sus empleados de todos los niveles y para todas sus empresas, no sólo los VPs y sus inmediatos pueden compartir información sensible.

-Desinversión. CFC aprovechó el Convenio de Accionistas entre Televisa y Azteca para que en caso de que se porten mal entonces una de ellas tenga que adquirir de la otra el 50 por ciento de GSF. ¿Cómo? ¿CFC se colgó de un convenio entre particulares? Sí, leyó usted bien. No vaya a pensar mal, Televisa y Azteca cumplirán todas las obligaciones y no habrá necesidad de que ellas mismas modifiquen cuando gusten su Convenio de Accionistas para evadir esta obligación de desinversión en GSF.

-Venta de canal de TV. Si Televisa o Azteca por alguna razón incomprensible llegaran a obstaculizar la licitación de una tercera cadena de TV abierta, deberán vender un canal nacional de TV en un año a partir de "la resolución respectiva que haya causado ejecutoria". Se escucha bien, pero en México para que sea "ejecutoria" una resolución pueden pasar tres, cinco o siete años. Así que esta condición da más tranquilidad psicológica que real.

-Empaquetamiento de señales. Televisa y Azteca se obligan a tener una oferta pública para vender empaquetados sus canales de TV abierta, y por otra parte para vender en paquete sus canales de TV abierta y restringida. El precio podrán ponerlo como quieran, por lo que podría costar por suscriptor y por mes 1.94 dólares sólo las señales abiertas y 1.96 el paquete B que incluye también las señales restringidas. ¿Qué podría hacer CFC en estos casos?

CFC pudo haber exigido que no sólo el secretario del Consejo y los auditores presentaran certificados de que Televisa y Azteca están cumpliendo con no intercambiar información y están obedeciendo a la CFC, sino que todos los accionistas que directa o indirectamente sean propietarios de más del 5 por ciento de acciones de GSF, Iusacell y Totalplay, y sus consejeros y directivos, presenten una manifestación bajo protesta de decir verdad y reconociendo que declarar falsamente ante la CFC sería un delito que merece pena de prisión, afirmando que están respetando la ley de la materia y las obligaciones impuestas por CFC. Esto no sería una garantía de cumplimiento a la ley y a CFC, pero el saberse obligados como personas físicas y sin los escudos corporativos pudiera reducir el incentivo de violar las normas.



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