Publicaciones de Ausencia de Estado

Otra vez casi todos los villanos favoritos del sector aparecieron: Televisa y TV Azteca. Se les acusa desde frenar la transición a la televisión digital hasta incumplir impunemente sus compromisos nupciales que hicieron ante el honorable "juez de registro civil", la Comisión Federal de Competencia. Pero no deben mezclarse fobias con derechos, no debe exigirse el cumplimiento ético si ni las obligaciones de ley hacen efectivas las autoridades. En este teatro de las telecomunicaciones, lo que vemos los espectadores es la descoordinación de la Cámara de Diputados y del Senado en relación a las acciones del Ejecutivo federal, la falta de voluntad política del Congreso de la Unión de otorgar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones al menos la facultad de sancionar directamente, en síntesis, la ausencia del Estado. Claro que es más fácil culpar a los otros, a los villanos o al cambio climático que asumir las responsabilidades que corresponden.
Si Televisa y TV Azteca mantienen juicios en contra de la fecha del apagón analógico en la cual se supone (en este país todo puede pasar) deberán reintegrar el canal espejo que les fue entregado para la transición a la televisión digital, ¿infringen sus compromisos ante la Cofeco? No. Estas empresas se comprometieron a no obstaculizar el proceso de licitación de televisión abierta de cadena nacional (ojo, si licitan por localidades, sí lo pueden frenar sin incumplir con la Cofeco), pero en la extensa resolución, jamás leí algo sobre renunciar a su derecho a impugnar el adelanto de la fecha del apagón analógico. ¿Es ético lo que hacen siendo que se trata de una actividad de interés público? Ésa es otra discusión, pero no podemos permitir que nuestros sentimientos nublen a los pensamientos.

Con los juicios de Televisa y TV Azteca contra la fecha del apagón analógico de 2015, ¿se desincentiva la participación en la licitación de televisión abierta? Es posible, pero el mayor desincentivo es la ausencia de decisiones del Congreso de la Unión y de políticas públicas para apoyar la transición a la televisión digital, y eso puede estar influido por los intereses de las televisoras a través de las llamadas telebancadas y de la influencia que tienen sobre funcionarios públicos, pero la responsabilidad de que se adopten determinaciones para que algún día exista un apagón analógico corresponde a los poderes públicos. Si éstos no van a ejercer sus mandatos constitucionales y legales, entonces sí deben renunciar. Pero, por más que no compartamos las actitudes, los modus operandi y los contenidos de las televisoras, ellas no son las obligadas a hacer cumplir la ley, ni a buscar el interés público. ¿Quién va a querer participar en las licitaciones de TV abierta si el gobierno no ha establecido programas que impulsen la televisión digital por parte de los televidentes? Recuérdese que incluso en EU tuvieron que otorgarse subsidios y apoyos para la conexión de los convertidores de TV digital, ¿qué ha pasado aquí? Nada. Entonces, ¿quiénes están o les estarán haciendo el juego a las televisoras de retrasar el apagón analógico?

En realidad, lo más probable es que las estrategias legales de las televisoras estén esperando el primer acto de aplicación del acuerdo por el cual se adelantó el apagón analógico para ejercer sus defensas legales porque hasta ahora no se les ha exigido devolver los canales espejo, y el apagón del 2015 todavía no es "inminente" para efectos del amparo.

De mayor trascendencia que el apagón analógico y las licitaciones de TV abierta es el reordenamiento y la planeación sobre el espectro radioeléctrico. Ello demanda expertise técnico, un rumbo claro de qué queremos como país (¿más duopolios u oligopolios?, ¿el regreso del Estado prestador de servicios?, ¿fortalecimiento a los municipios con frecuencias para redes de telecom?). No es una labor de la noche a la mañana, pero decidir limpiar, reordenar, cambiar o rescatar una banda no debe ser tomado a la ligera. La ciudadanía no queremos otro escándalo como el de la banda de 2.5 GHz que en el mejor de los casos frenó inversiones, generó incertidumbre y está paralizando la utilización de una banda tan importante que se entrampará en litigios de varios años. ¿Por qué? Por una ausencia de política pública sobre el espectro radioeléctrico que fuera de largo plazo, que considerara todas las bandas disponibles, su ocupación, sus usos presentes y futuros. ¿Quién es responsable de eso?



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