Publicaciones de Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿botín político? / II

Es más fácil reformar la Constitución General de la República que una Norma Oficial Mexicana (NOM), entonces ¿por qué no mejor ponemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una NOM? Los supuestos representantes de la voluntad general, los integrantes de la Cámara de Diputados, del Senado y los congresos estatales, parecieran tomar a la ligera la pertinencia y racionalidad de la pretendida reforma constitucional.
Además de que modifican la Constitución para luego decir "en los términos que disponga la ley" y lavarse las manos. Si hay iniciativa de reforma a la Carta Magna, que vaya de la mano de aquélla de la ley, porque el diablo está en los detalles.

En agosto del año pasado se reformó la Constitución para incluir la facultad del Senado de ratificar a los miembros de los reguladores de telecomunicaciones, energía y competencia económica que nombrare el Presidente de la República. ¿Cómo quedarán los nombramientos ahora? Si se siguiere la tradición de EU, sería el Presidente con la ratificación del Senado. Si pretenden que el Senado nombre y el Presidente pueda vetar, sería un reconocimiento de que el sucesor de la Cofetel está cargado de connotaciones políticas, ¿no que se quería aislar de política al Instituto Federal de Telecomunicaciones?

Por estarse fijando en la figura del regulador, se está perdiendo tiempo de enfocarse en lo que se requiere, ya sea para la evolución de Cofetel hacia un regulador fuerte y autónomo o para la creación del Instituto mencionado. Es necesario ser enfático en cuanto a ética. Esto no ha sido tema en México, ¿será que estamos faltos de ética? El regulador debe exigir que los comisionados/consejeros presenten periódicamente una declaración de intereses de sus relaciones personales y financieras, si no, ¿cómo identificar los conflictos de interés reales y potenciales? La declaración de intereses debe contener un listado de las personas con las cuales se tengan intereses, actividades o relaciones personales, familiares o de negocio, lo cual comprende incluso la participación en asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro. Ofcom, de Reino Unido, publica en su sitio web los registros de intereses de los miembros de las juntas y comités. Los miembros de éstos deben revelar los intereses, tenencia accionaria, cargos de dirección y empleos de ellos, sus parejas e hijos menores de edad en compañías cuyas actividades de negocio principal pueda afectarse con las decisiones de Ofcom. ¿Se animarán a que México tenga un regulador con estándares éticos de vanguardia?

La transparencia del regulador ya sea que éste termine en la Constitución sujeta a los vaivenes políticos o en una NOM que tiene más estabilidad que ésta, debe ser absoluta. Las sesiones del Pleno deben ser públicas, convocadas con la agenda a tratarse y publicadas con anticipación. Si siguiéramos a nuestros vecinos del norte, se adoptaría también la práctica de que cualquier reunión de tres o más comisionados para temas de telecomunicaciones, debe ser una sesión pública, de otra manera las intrigas palaciegas seguirán existiendo a costa de nuestro derecho a saber. Y como los agentes regulados se benefician también de la opacidad del regulador, toda reunión entre agentes regulados y el regulador debe asentarse en una minuta que será pública (salvo la información confidencial). Si la transparencia no opera tanto para el regulador como para los regulados, es vana ilusión.

Salvando las cuestiones institucionales que son esenciales, las facultades son indispensables. La primera que debe atenderse es dejar a la Cofetel o el Instituto con todas las facultades para otorgar, modificar y revocar concesiones, para sancionar, para interconexión, para todo lo relativo a frecuencias, para declarar la dominancia e imponer obligaciones específicas en lugar de la lentísima carrera de relevos que hoy existe entre la Comisión Federal de Competencia y la Cofetel. Lo que no debiera incluir es el convertirse en el administrador de los recursos de telecomunicaciones de los entes públicos, ni en el gerente y protector de la rentabilidad de las empresas públicas que ya ingresaron al sector de telecomunicaciones, tales como la Comisión Federal de Electricidad y Telecom Telégrafos. De otra manera, este Estado que está regresando a ser empresario acabará por ahuyentar la inversión privada.


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