Publicaciones de Reforma educativa y de telecom, dos rutas distintas

La reforma de telecomunicaciones está a punto de salir del Congreso de la Unión y pasará a la aprobación de las legislaturas de las entidades federativas.
En éstas difícilmente habrá resistencia en aprobar, porque contrario a la educación, que es un ámbito donde concurren la Federación, los estados y municipios, las telecomunicaciones y la competencia económica sólo la Federación es competente. Además, el interés de los gobernadores de los Estados como Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Veracruz de conservar las estaciones de radio y televisión como medios que pueden ser voceros de las actividades del gobierno (o donde el silencio reina en los errores y excesos de sus gobernantes), permaneció intocado. El Senado no aprovechó su oportunidad de establecer la transición de estos medios al servicio de los gobiernos paraconvertirlos en medios públicos.

Para los políticos el problema de la democracia y la transparencia es que los ciudadanos de a pie sí analizamos sus actos. Este proceso legislativo puede ser un caso de estudio sobre el nivel de democracia que tenemos. En la Cámara de Diputados los "dictámenes" de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron pobrísimos a nivel argumentativo.

En el Senado hicieron foros para escuchar diferentes puntos de vista que fueron sintetizados en el dictamen único de diversas comisiones. Este dictamen al menos tuvo partes argumentativas, aunque omitió pensar en la consistencia de sus justificaciones.

Ejemplo de ello es que se excluye de la prohibición de otorgar suspensiones de amparo las resoluciones sobre multas y desincorporación de activos únicamente de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si su justificación (la compartamos o no) aplicaba a multas y desincorporación, ¿por qué no lo hizo extensivo a esas mismas facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Fue una omisión deliberada o negligencia? Esta pregunta es relevante, porque las resoluciones de la CFC afectan principalmente a grandes corporativos y empresas con poder de mercado en tanto las multas del Iftel pueden afectar a una radio indígena o un concesionario pequeño. ¿Será que el Senado escuchó al oído al Consejo Coordinador Empresarial y ni se ocupó de los que no tienen voz?

Como ejemplo de lo que no debió pasar, está el texto que puede entrañar una regulación de contenidos propia de tirarinas (art. 6, ap. B, frac. IV Const.). En un texto cuya lectura es incomprensible, se dice al principio que "se establecerán las condiciones que deberán regir contenidos". ¿Qué quisieron decir? Nadie sabe ni nadie sabrá, porque ni la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, ni los dictámenes de Diputados, ni el del Senado, refieren cuál fue la intención de esa desafortunada frase.

En este proceso, muchos legisladores y activistas me dijeron "a lo que se refiere eso es a...", el problema es que cada uno especulaba "lo que quiso decir" la reforma. Hugo Chávez estaría feliz si en Venezuela le hubieran puesto eso en la Constitución antes de que llegara, porque al asumir el poder habría podido regular contenidos con fundamento en la Constitución. Así que nadie sabe para quién trabaja, pero flaco favor han hecho los legisladores en dejar esa bomba de tiempo sin que pudieran decirnos cuál era su intención.

De reconocimiento son las mejoras incluidas por el Senado y aprobadas por los diputados, como lo destacó la diputada Roxana Luna, toda vez que se atiende a "demandas sociales... [como el que] los medios de uso social incluyan expresamente a los medios comunitarios y los indígenas. Esta reforma obligará a que al elaborar la ley reglamentaria se prevea un proceso simplificado para la existencia de medios sociales, para permitir su viabilidad financiera y todo esto pueda contribuir a la pluralidad. El reconocimiento del derecho de las audiencias y el derecho de los usuarios de telecomunicaciones. Las audiencias en México hemos carecido de los derechos más básicos como radioescuchas y televidentes. Por lo cual esta reforma constitucional busca materializarlos y hacerlos realidad al ordenar a este Congreso de la Unión a legislar lo necesario para incluso establecer mecanismos para su protección efectiva". (cronica.diputados.gob.mx ).

La reforma constitucional irónicamente es la parte más fácil de la reforma en telecomunicaciones. El texto de la ley reglamentaria será el reto más grande para que el interés público prevalezca sobre el particular. Seguiremos de cerca para evitar, por ejemplo, que "sin fines de lucro" en los medios de uso social erróneamente se equipare a la negativa de obtener ingresos.



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